A un año de las elecciones judiciales que reemplazaron a los jueces y magistrados en el marco de la reforma constitucional, al menos 200 de los juzgadores removidos continúan sin recibir el pago extraordinario previsto como compensación por su cese. La mayoría de ellos acumulaba entre 15 y 40 años de servicio público, sin que mediara una causa grave que justificara su salida. Como resultado, se encuentran en una situación de desamparo laboral: sin empleo, sin prestaciones sociales y sin el finiquito que por ley les correspondería.