Roberto Sánchez, líder de Juntos por el Perú, ha establecido condiciones estrictas para cualquier diálogo con la presidenta electa Keiko Fujimori, exigiendo la derogación de leyes que considera "procrimen" y la liberación del expresidente Pedro Castillo. Sánchez también insiste en la creación de una comisión política para investigar las muertes ocurridas durante las protestas a finales de 2022 e inicios de 2023, expresando una profunda desconfianza hacia Fujimori y anunciando su intención de formar una coalición opositora para contrarrestar lo que percibe como una concentración de poder. Sus declaraciones se produjeron tras la proclamación de Fujimori por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), un acto que Sánchez criticó por considerar que no respetó los procedimientos electorales y que, a su juicio, otorga una legitimidad cuestionable al futuro gobierno.