A 31 años de la masacre del 28 de junio de 1995 en Aguas Blancas, Guerrero, donde 17 campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) fueron asesinados a tiros por la policía estatal, las familias y sobrevivientes enfrentan un escenario de desplazamiento, abandono y violencia criminal. El gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, ha declarado cerrado el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras un convenio de reparación firmado en 2016 durante el gobierno de Héctor Astudillo. Sin embargo, líderes de la OCSS, como Norma Mesino Mesino, rechazan esta versión y afirman que dicho acuerdo fue manipulado: se entregaron apoyos de entre 5 y 10 mil pesos a viudas y sobrevivientes sin que estos supieran que firmaban el cierre del caso.