La exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, presentó una solicitud de reconsideración ante la Contraloría General de la República para anular un dictamen que la acusa de actuar fuera de sus atribuciones legales. El informe, liderado por Dorothy Pérez, determinó que Steinert excedió sus facultades al solicitar información reservada a la PDI sobre funcionarios policiales vinculados a investigaciones en curso. Steinert argumenta que el dictamen contiene graves errores de derecho, vulnera su derecho a la defensa y carece de precedentes en la jurisprudencia administrativa. La exsecretaria de Estado sostiene que el ministerio posee las facultades legales necesarias para requerir antecedentes a las policías y rechaza que existiera un interés personal que afectara la imparcialidad. Esta ofensiva jurídica busca modificar o dejar sin efecto las conclusiones del ente fiscalizador, que según la exministra, debilita las facultades del nuevo ministerio.