La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha pospuesto la deliberación de dos casos cruciales relacionados con el aborto en México. El primer caso, la acción de inconstitucionalidad 185/2024, aborda un decreto de noviembre de 2024 en San Luis Potosí que modificó el Código Penal del Estado, estableciendo sanciones de trabajo comunitario para abortos después de las 12 semanas y derogando la fracción sobre excluyentes de responsabilidad penal. El ministro Arístides Guerrero García, en su proyecto, señaló que la derogación de la norma que permitía el aborto terapéutico contravenía el principio de progresividad, ordenando al Congreso local revivir parcialmente la regulación para no criminalizar el aborto terapéutico sin doble valoración médica. El segundo caso, el amparo en revisión 438/2025 de la ministra María Estela Ríos González, examina la omisión del Estado de Yucatán en garantizar el acceso al aborto y su difusión, basándose en antecedentes de junio de 2023 y sentencias posteriores que concluyeron que las autoridades responsables no habían removido los obstáculos administrativos para el acceso al servicio.