La "ley de nietos", una disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022, ha generado controversia y una avalancha de solicitudes de nacionalidad española, especialmente desde países latinoamericanos como Argentina, Cuba, Brasil y México. Inicialmente concebida para reparar históricamente a exiliados y sus descendientes directos, una modificación posterior, impulsada de facto por una instrucción ministerial sin debate parlamentario, amplió los requisitos a cualquier descendiente con antepasados españoles emigrados, simplificando el proceso y extendiendo el marco temporal original. Este cambio ha resultado en una sobrecarga del sistema consular, que carece de recursos suficientes para gestionar el gran volumen de expedientes. A pesar de que millones de personas han solicitado cita previa, la concesión efectiva de la nacionalidad avanza lentamente, planteando dudas sobre la capacidad de completar el proceso en plazos razonables y su impacto político futuro, ya que los nuevos nacionalizados no necesariamente se inclinan por un partido en particular y la participación electoral exterior ha sido históricamente baja.