Cuatro años después de asumir el poder, el gobierno de Gustavo Petro enfrenta un balance agridulce sobre su reforma agraria, una de las banderas centrales de su campaña. La promesa era gobernar para los campesinos sin título, comunidades que trabajan la tierra desde generaciones sin poder demostrar legalmente su propiedad. Décadas de conflicto armado, desplazamiento forzado y concentración de la tierra habían dejado a millones en esa situación. Para cumplir lo pactado en el Acuerdo de Paz de 2016, el Ejecutivo se fijó dos metas claras: formalizar siete millones de hectáreas y comprar otros tres millones para su entrega. Al cierre del periodo, ninguna de las dos cifras se alcanzó.