El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, ha declarado que Piero Corvetto y otros funcionarios de la ONPE podrían ser imputados penalmente por delito doloso debido a su conocimiento previo de las deficiencias que afectaron las elecciones generales del 12 de abril. Gálvez afirmó que la plana directiva de la ONPE estaba obligada a evitar estas fallas y su inacción, a pesar de conocerlas, constituye una "indiferencia extrema" y no una simple negligencia. Esta situación podría acarrear delitos electorales, y la Policía Nacional del Perú ha solicitado una investigación contra la ONPE. El fiscal de la Nación también reiteró que el Ministerio Público se enfoca en investigar delitos, mientras que el conteo de votos y los resultados electorales son competencia exclusiva del Jurado Nacional de Elecciones.