Un proyecto de ley en el Congreso de la República busca extender el plazo para que los trabajadores reclamen deudas laborales de cuatro a diez años, contando desde el día siguiente a la finalización del vínculo laboral. La Comisión de Trabajo aprobó este dictamen el 9 de junio, argumentando que la medida facilitará el acceso a la justicia para aquellos trabajadores que, por motivos económicos o desconocimiento, no pudieron ejercer sus derechos a tiempo. Se considera jurídicamente inconsistente que los créditos laborales, con protección constitucional reforzada, tengan un plazo menor que las obligaciones civiles ordinarias. Sin embargo, abogados laboralistas como Germán Lora y Ricardo Herrera se oponen a la ampliación, sugiriendo plazos más cortos o una unificación con el plazo de cinco años para la guarda de documentos, citando preocupaciones sobre la seguridad jurídica empresarial y el aumento de costos.