La próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) impone un nuevo requisito para el sector agroalimentario mexicano. Ya no es suficiente cumplir con estándares sanitarios o producir alimentos competitivos; ahora las empresas exportadoras deben acreditar que los jornaleros que sostienen sus envíos fueron reclutados sin fraude, coerción ni otras prácticas vinculadas al trabajo forzoso. Esto representa una presión adicional en un contexto donde la informalidad laboral en el campo es alarmante.