El Gobierno de Gustavo Petro enfrenta un escenario de creciente presión sobre su agenda económica debido a decisiones judiciales de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado que han frenado iniciativas clave. Recientemente, la Corte Constitucional suspendió provisionalmente el recaudo de la segunda cuota del impuesto al patrimonio para entidades sin ánimo de lucro y las intervenidas, argumentando violaciones al principio de igualdad y al Estado de derecho, lo que podría obligar a la devolución de $814.000 millones. Adicionalmente, se declaró la inexequibilidad de un decreto de emergencia económica que buscaba financiar programas sociales, generando un faltante fiscal y la posible devolución de tributos cobrados. El Consejo de Estado, por su parte, suspendió el traslado de $25 billones de fondos privados a Colpensiones y el decreto que fijaba el salario mínimo, además de dejar sin efecto la intervención del Ejecutivo en la regulación de servicios públicos. Expertos interpretan estos fallos no como una persecución, sino como la fortaleza de los contrapesos institucionales y la vigencia del Estado de derecho en Colombia.