La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial, ante indicios de lavado de dinero o terrorismo. La decisión, tomada con seis votos a favor y tres en contra, revoca un criterio de 2018 y considera que el artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito garantiza el derecho de audiencia y no otorga facultades discrecionales, sino que protege la posibilidad de ofrecer pruebas y exige una resolución fundada. Se argumenta que la medida es administrativa y preventiva, cumpliendo compromisos internacionales, aunque algunos ministros advirtieron sobre el riesgo de sacrificar la seguridad jurídica.