La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha avalado un proyecto que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congelar cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial previa o una solicitud internacional, anulando un fallo de 2018 y argumentando que es una medida cautelar administrativa, no penal. Adicionalmente, la Corte revisará el 9 de abril la facultad de la UIF para examinar historiales bancarios y patrimoniales sin orden judicial, lo que podría permitir revisiones basadas en simples sospechas. Paralelamente, el gobierno prepara modificaciones a la Ley Antilavado que otorgan mayores facultades al SAT para vigilar y sancionar a contribuyentes, facilitando visitas, requerimientos y la aplicación de sanciones sin un proceso sancionador previo, limitando a los contribuyentes a 10 días para responder. Estas medidas, que también afectarán vales electrónicos y requerirán la conservación de documentos por 10 años, son criticadas por dirigirse contra pequeños y medianos contribuyentes, violando el Artículo 16 Constitucional y creando un Estado más invasivo.