Un eventual gobierno de Keiko Fujimori representaría la continuación de lo que se describe como un "pacto mafioso" en el Congreso, dominado por el fujimorismo y sus aliados como Perú Libre, Renovación Popular y Avanza País. Este bloque legislativo, a lo largo de los gobiernos de Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcázar, ha aprobado leyes que debilitan herramientas contra la corrupción como la colaboración eficaz, los allanamientos y las escuchas telefónicas, beneficiando a grupos económicos y obstaculizando la justicia. La estrategia de copamiento de instituciones clave como la Fiscalía, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional, aprendida del régimen de Alberto Fujimori, buscaría desactivar acciones legales contra Keiko Fujimori y sus allegados, tal como ocurrió con el archivamiento del "Caso Cócteles". Además, se menciona la promoción de "leyes de impunidad" para militares y policías, similar a la aprobada en 1996 para excarcelar a miembros del Destacamento Colina.