El juez federal de Córdoba Miguel Hugo Vaca Narvaja dictó una medida cautelar que ordena al PAMI y al Ministerio de Salud, a través del programa Incluir Salud, normalizar los pagos a los prestadores de servicios para personas con discapacidad en un plazo de 72 horas. Esta decisión responde a un amparo colectivo impulsado por diversas organizaciones ante la interrupción de terapias y la falta de entrega de medicamentos debido a demoras crónicas en los pagos estatales. El juez citó un precedente de Campana y advirtió sobre el riesgo inminente para los beneficiarios, ejemplificando con el caso del Pequeño Cottolengo Don Orione, que acumula deudas significativas por intereses. El Ministerio de Salud argumentó que las demoras se deben a un "proceso de reordenamiento estructural" tras la transferencia del programa, asegurando que no implican una reducción de la cobertura.