Un juez laboral, Raúl Horacio Ojeda, aceptó una medida cautelar solicitada por la CGT y suspendió la aplicación de 82 artículos de la ley de reforma laboral promulgada por el gobierno el 6 de marzo. El magistrado fundamentó su decisión en la existencia de un "peligro en la demora" y la posibilidad de que la ejecución de la ley genere daños irreparables, citando como ejemplos el Fondo de Asistencia Laboral y el sistema de deshomologación de convenios colectivos. El juez determinó que se cumplían los tres requisitos básicos para la cautelar: estado de incertidumbre, perjuicio inmediato y la ausencia de otro medio legal idóneo. La resolución, de carácter provisional, busca evitar efectos jurídicos o materiales irreversibles y aportar seguridad jurídica.