El artículo revela un complejo doble juego entre el gobierno de Javier Milei y el sindicalista Hugo Moyano. Mientras la Corte Suprema evalúa no objetar la reforma laboral que limita el derecho a huelga, el Ejecutivo mantiene silencio ante el presunto vaciamiento del Sindicato de Camioneros y su obra social (Oschoca), que arrastra un déficit de $60.000 millones. Moyano aceptó paritarias por debajo de la inflación y un aumento semestral del 10,1%. Se detectaron transferencias millonarias por casi $1100 millones desde cuentas sindicales a fideicomisos vinculados a su esposa, Liliana Zulet. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) desplazó a funcionarios que investigaban un fraude en un hotel sindical en Mar del Plata, donde hay siete imputados. El asesor presidencial Santiago Caputo es el principal nexo con Moyano.