Una jueza de la Audiencia Nacional, Francisca María Ramis Rosselló, ha emitido un voto particular discrepante, oponiéndose a la decisión mayoritaria de anular los registros en la sede de la acerera vasca Sidenor. Ramis defiende que dichas diligencias eran necesarias para cooperar con la Corte Penal Internacional (CPI) en su investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Gaza. Argumenta que, si bien la CPI es competente para juzgar genocidios, España tiene la obligación legal de asistir y preservar pruebas que puedan ayudar en dicha investigación, incluso si las operaciones de Sidenor involucraban la venta de acero para armamento a países como Vietnam. La magistrada considera que las investigaciones, iniciadas tras una querella de la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa, constituían un acto de cooperación justificado por la gravedad de los hechos y el contexto internacional.