La Confederación General del Trabajo (CGT) ha expresado un profundo rechazo a la reglamentación de la reforma laboral oficializada por el gobierno de Javier Milei, argumentando que atenta contra los derechos sindicales y la autonomía de las organizaciones gremiales. Las principales quejas de la central obrera se centran en los controles más estrictos sobre los sindicatos, la reducción del porcentaje de afiliados cotizantes necesario para disputar la representación (del 20% al 5%), límites al financiamiento sindical y la creación de un fondo para indemnizaciones que, según la CGT, no garantiza el pago a los trabajadores despedidos. La CGT considera que el decreto reglamentario 407 representa una intromisión inaceptable en la vida interna de los gremios y modifica aspectos que solo corresponden al Poder Legislativo, afectando principios constitucionales y convenios internacionales de la OIT.