En México, la consulta de burós laborales, o listas negras de antecedentes de trabajadores, puede acarrear multas de hasta 37 millones de pesos por violar la protección de datos personales. Expertos advierten que estas prácticas son ilegales y sancionables tanto por la Ley Federal del Trabajo (LFT) como por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP). La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) son las entidades facultadas para imponer estas sanciones, que varían según la gravedad de la infracción y el manejo indebido de datos personales, incluyendo los derechos ARCO.