Venezuela ha anunciado formalmente el inicio de un proceso integral y ordenado para reestructurar su deuda externa y la de su empresa petrolera estatal, PDVSA. Este movimiento busca reintegrar al país en el sistema financiero internacional tras años de impagos y colapso económico. Las obligaciones pendientes, que incluyen bonos en default, préstamos, intereses y litigios internacionales, podrían superar los 170.000 millones de dólares, según estimaciones privadas. A pesar de las intenciones declaradas de reconstruir la capacidad de financiamiento y atraer inversiones, Venezuela enfrenta obstáculos significativos como sanciones financieras, falta de datos oficiales actualizados y una compleja red de acreedores. La medida se produce en un contexto de reformas en sectores clave y una ligera flexibilización de algunas restricciones por parte de Estados Unidos, aunque las prohibiciones sobre negociaciones directas y operaciones con deuda venezolana persisten. El país ha contratado a Centerview Partners como asesor financiero para este proceso, considerado por analistas como uno de los más complejos de las últimas décadas.