Quince organizaciones de derechos humanos, incluyendo a Civicus, WOLA y el Centro Robert y Ethel Kennedy, exigieron a la Asamblea Nacional de Venezuela garantizar la transparencia e independencia judicial en la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). El Parlamento debe cubrir 20 vacantes: ocho por jubilaciones y doce creadas tras una reforma legal de mayo que amplió la corte de 20 a 32 integrantes. Los grupos demandan la publicación de cronogramas, hojas de vida de los aspirantes y criterios de calificación objetivos para evitar designaciones basadas en lealtad política. Esta solicitud ocurre en un contexto de detenciones arbitrarias y criminalización política, donde un tribunal autónomo es visto como esencial para la justicia. El proceso de postulaciones, que cuenta con más de 600 aspirantes, cierra el miércoles 18 de junio.