Tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, enfrenta un complejo panorama político y económico. Internamente, lidia con rivales chavistas, mientras externamente, Washington presiona por la estabilización económica, la apertura del sector petrolero y la convocatoria a elecciones competitivas en 18-24 meses. Rodríguez ha priorizado la atracción de inversión extranjera, reformando la Ley de Hidrocarburos para flexibilizar regalías e impuestos, y el Departamento del Tesoro de EE. UU. ha emitido licencias para transacciones petroleras controladas. La administración Trump contempla inversiones de hasta USD 100.000 millones, condicionadas a certidumbre legal. Visitas de funcionarios estadounidenses refuerzan el diálogo, y EE. UU. exige el fin de lazos con Rusia, China, Irán y Cuba. María Corina Machado, con alta intención de voto, presiona por elecciones rápidas, mientras el PSUV ve los comicios como una amenaza. La destitución de Vladimir Padrino López como ministro de Defensa en marzo de 2026 y su reemplazo por Gustavo González López, potencialmente más alineado con Washington, reordena la cúpula militar.