En México, el voto es establecido como una obligación constitucional en el Artículo 36, que también señala la posible suspensión de derechos ciudadanos en el Artículo 38 si estas obligaciones no se cumplen sin justificación. Sin embargo, juristas como Víctor Manuel Sánchez Valdés y Javier Pérez Rolón advierten que no existe una ley secundaria que reglamente o aplique sanciones efectivas, como multas o bloqueos de trámites, para quienes se abstienen de votar. A diferencia de países como Uruguay, México carece de mecanismos coercitivos, dejando la obligación constitucional como una "norma imperfecta" sin consecuencias reales, lo que contribuye al bajo nivel de participación en elecciones locales, como la de Coahuila en 2020 con un 39.44%. Esta falta de reglamentación y poca visibilidad de la obligación ciudadana, a favor de la narrativa del voto como derecho y libertad, debilita la legitimidad de los representantes electos.