La Cámara de Apelaciones de Nueva York revocó la condena de 16.100 millones de dólares contra Argentina en el juicio por la expropiación de YPF. El fallo revierte la decisión de primera instancia de la jueza Loretta Preska, quien había considerado el estatuto de YPF como un contrato exigible entre accionistas e ignorado las defensas soberanas del Estado. La Cámara aplicó correctamente la ley argentina, argumentando que los demandantes debieron seguir los procedimientos establecidos en la Ley de Sociedades y la Ley de Expropiaciones para reclamar, en lugar de ignorarlos. Permitir una condena de tal magnitud habría limitado el poder soberano argentino. Aunque Burford puede apelar ante la Suprema Corte de EE. UU., el escenario legal ha cambiado significativamente a favor de Argentina, consolidando el caso como un triunfo de la política de Estado.